La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, cumple sus primeros 100 días de gobierno, que resaltan la continuidad del modelo de su antecesor, Luiz Ignacio Lula da Silva, aunque con acentuada prioridad en la profundización de la inversión social, el control del gasto público y un renovado protagonismo de la política de derechos humanos.
Desde que llegó al sillón del Palacio del Planalto, Rousseff adoptó la continuidad de las principales políticas que marcaron los dos gobiernos de Lula da Silva orientadas a sostener el crecimiento económico con distribución de la riqueza, que la mandataria no dudó en calificar como “herencia bendita”.
Según la última encuesta divulgada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística tras tres meses en el poder, el desempeño personal de la presidenta es aprobado por el 73% de la población, y su gobierno es evaluado positivamente por el 56% de los electores.
Para Pablo Gentili, director de Flacso Brasil, “en las políticas no hubo cambios significativos de orientación general, aunque sí un estilo diferente en la gestión de algunos campos, como la política exterior o los derechos humanos, pero que en nada significan un cambio de rumbo”.
Para el consultor y analista político Ricardo Guedes, Rousseff en el tema particular de Irán “hará sentir su condición de mujer, y tendrá una política externa mucho menos politizada que durante el gobierno de Lula, con un mayor peso del Ministerio de Relaciones Exteriores” a cargo del canciller Ricardo Patriota.
Sin embargo, algunos analistas advierten que este apoyo amplio de la llamada “base aliada” representa, al mismo tiempo, el principal reto que afrontará Rousseff en los tres años y nueve meses que le quedan de mandato.
Según el filósofo Marcos Nobre, de la Universidad de Campinas (Unicamp), para hacer frente a los problemas que amenazan a Brasil, como la inflación en ascenso y la constante apreciación de la moneda nacional, el real, la mandataria tendrá que decir “no” a las demandas de muchos de sus aliados.
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